BOGOTÁ (AP) — El último episodio de la constante tensión entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el fiscal general Francisco Barbosa derivó en una advertencia del mandatario sobre una “ruptura institucional”, por lo que convocó a sus partidarios a las calles.
Barbosa, un abierto crítico de Petro, tiene en sus manos varios procesos que involucran a la familia del presidente o a su campaña electoral. Sin embargo, su periodo al frente de la institución terminará el 12 de febrero y la Corte Suprema de Justicia debe elegir a su reemplazo entre una terna propuesta por Petro, aunque no está claro cuándo lo hará.
“Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes”, señaló Petro en un comunicado difundido el fin de semana en español, francés, inglés y árabe exhortando “al mundo prestar atención”.
Se sumó, además, la reciente decisión de la Procuraduría de suspender y llamar a juicio disciplinario al canciller Álvaro Leyva por presuntas irregularidades en una millonaria contratación para elaborar pasaportes. Petro también señaló que se trata de un intento de debilitar “el gobierno popular”.
Esa denuncia ha provocado llamados a la calma y a la protección de la democracia desde distintos sectores políticos y gremios empresariales; mientras que sus partidarios convocaron a una manifestación el jueves frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir la rápida elección de una nueva fiscal y elevarán una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“No veo que haya una ruptura institucional como lo denunció el presidente. Creo que todas las instituciones acá están en su papel. Lo que hay es un cruce de declaraciones muy salidas de tono, un conflicto fuerte del presidente y el fiscal”, dijo a The Associated Press Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario.
Para Basset lo que sí puede haber es un “doble rasero” en la Fiscalía que ha tenido “acciones muy cuestionables, dejando de lado investigaciones del gobierno pasado y siendo muy incisiva con este gobierno”.
Barbosa comenzó su periodo como fiscal en 2020 tras ser elegido entre una terna propuesta por el entonces presidente conservador Iván Duque (2018-2022), de quien era amigo. Desde que Petro subió al poder como el primer presidente de izquierda en 2022, Barbosa ha sido crítico de su gestión, especialmente de su política de “paz total” para buscar diálogos con grupos armados, advirtiendo que hay peligro de terminar benenficiando a narcos.
Petro ha advertido que a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral se sumarían procesos contra otras dos personas cercanas a su campaña y partido político, lo que ha interpretado como maniobras de sus detractores para intentar forzar su salida del cargo.
Por sus fueros el presidente sólo puede ser investigado por la Comisión de Acusación e Investigación del Congreso. La Fiscalía compulsó copias a dicha comisión que en diciembre pasado decidió abrir una investigación previa por presuntos delitos relacionados con la financiación de su campaña electoral.
Del lado de la oposición, el representante del Centro Democrático y miembro de la Comisión de Acusación, Hernán Cadavid, consideró que Petro asume que, en virtud de pertenecer al progresismo, no es susceptible de ningún tipo de control institucional y cualquier decisión que haya sobre él o sus cercanos la considera un golpe de Estado. “No se puede permitir que él incorpore esa narrativa”, insistió.
Desde el centro político el llamado ha sido a la calma.
“Hablemos de cómo proteger la Constitución más allá de los egos de los mandatarios y la política electoral. Que todo el mundo se ponga de acuerdo en unos mínimos: el presidente se queda cuatro años, ni un día más, ni uno menos”, aseguró Carolina Giraldo, representante del Partido Verde. “También ya es hora de elegir una nueva fiscal, porque hay politización”, añadió.
Los partidarios de Petro en el Congreso denunciarán ante la CIDH lo que consideran un riesgo para los principios democráticos por la “persecución política contra el gobierno”.
Para Petro se trata de una instancia confiable a la que recurrió en el pasado: como alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015 fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría y el pleito pasó a manos de la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2020 declaró responsable a Colombia por violaciones a los derechos políticos de Petro.
Leave a Reply